La Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos (EMGIRS-EP) se rige a lo establecido en la Ordenanza Metropolitana No. 332 por lo que planteó un nuevo modelo de gestión para el cobro de los escombros generados en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ).La Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos (EMGIRS-EP) se rige a lo establecido en la Ordenanza Metropolitana No. 332 por lo que planteó un nuevo modelo de gestión para el cobro de los escombros generados en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ).
La Ordenanza en su artículo 5 establece que: “Quien genera los residuos, asume los costos que implica el acopio, recolección, tratamiento y disposición final en proporción a su cantidad y calidad y el costo diferenciado de su manejo y disposición en cada caso. El Municipio no debe subsidiar este servicio sino, por el contrario, internalizar sus costos en la tasa respectiva”. En tal virtud, el valor actual que se cobra en las escombreras autorizadas para realizar la disposición final de estos residuos (0,57 más IVA) no cubre con el valor real que comprende los gastos de operación de las mismas.
Con este respaldo legal, la EMGIRS-EP propuso al Concejo Metropolitano de Quito un nuevo modelo para realizar el mencionado cobro, que estaría dirigido a los grandes generadores como son las constructoras. Estás deberán contar con el respectivo certificado que garantiza un sistema de gestión de escombros planificado antes de obtener la Licencia Metropolitana Urbanística.
Con el nuevo modelo de gestión del cobro de escombros, los generadores deberán asumir su responsabilidad al contar con un contrato en el que conste la cantidad de metros cúbicos de escombros que planifican producir, así como el valor a cancelar anticipadamente.
Como muestra del desacuerdo ante esta propuesta, los transportistas pesados y volquetas de Pichincha impidieron que se brinde el servicio normal en la escombrera El Troje 4 (al sur de la ciudad) por un periodo de 8 horas durante el día de hoy. La EMGIRS-EP se comprometió con Pablo Carlosama, presidente de ATROVOLQ, para fortalecer la socialización con el fin de llegar a acuerdos entre las diferentes partes involucradas y cumplir con lo establecido en la ley.
Adicionalmente, el Ing. Santiago Andrade Piedra, Gerente General de la EMGIRS-EP, recordó que la Ordenanza Metropolitana No. 332 señala que “los costos de la prestación del servicio serán financiados por los ingresos tarifarios, por el recaudo de las tasas por venta del servicio, y por los excedente que genere la producción y comercialización de los bienes resultantes del aprovechamiento económico de los residuos sólidos y el biogás”.
Esta propuesta va ligada con otras iniciativas municipales enfocadas a controlar y disminuir la ilegalidad en las construcciones que se desarrollan en la capital, poniendo en peligro a la ciudadanía y al medioambiente.